EL GOBIERNO REPRIME A LOS ESTUDIANTES
El gobierno ha logrado lo que ningún otro régimen ha hecho antes: unir en su contra a la mayoría de estudiantes, docentes, autoridades y trabajadores de las universidades públicas, politécnicas y privadas del Ecuador.
La inconstitucional Ley de Educación Superior propuesta por el Ejecutivo a través de los tecnócratas de la Senplades, ha generado el contundente rechazo de la Universidad Ecuatoriana, ya que la misma agrede la autonomía universitaria, que significa la necesaria independencia del poder público como elemento indispensable para el avance del saber y el conocimiento. El artículo 353 de la Constitución habla sobre la creación del organismo público que planificará, regulará y coordinará el sistema universitario, este organismo debe estar representado por los actores de la universidad, sobre todo los estudiantes “razón de ser de la universidad”, a los que el gobierno ni toma en cuenta.
Con respecto al financiamiento, el gobierno pretende suspender el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, lo que contradice el artículo 298 de la Constitución que garantiza las preasignaciones para el Alma Mater y establece sanciones a autoridades que retarden injustificadamente sus recursos; incluso Marcelo Rivera presidente nacional de la FEUE, denunció que este gobierno adeuda 125 millones de dólares a la educación superior.
La FEUE propone que se entregue el 1% del Presupuesto General del Estado para investigación, además que la gratuidad de la educación se extienda a todo lo que corresponda escolaridad del estudiante, como plantea la disposición transitoria 18 de la Constitución.
Tan mal está asesorado el presidente que muestra un ranking de las universidades que más aparecen en el internet, haciéndolo pasar como ranking académico y científico. Aún así hay un hecho cierto en ese ranking, la inversión educativa en los países donde están esas “primeras” universidades es mucho más que las migajas que los gobiernos de turno han invertido en educación.
Asambleísta Francisco Ulloa solicita sanciones para oficiales que atentaron
contra estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi
Boletin de Prensa.
Quito, Octubre 27 de 2008.
Amparado en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, el asambleísta Francisco Ulloa, solicitó se convoque al Ministro de de Gobierno y Policía Gustavo Jalkh, a la Comisión de Participación Ciudadana, para que responda por las múltiples agresiones que fueron víctimas estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, por parte de la policía nacional.
Según Francisco Ulloa, en esta comparecencia el Ministro deberá informar las medidas adoptadas a fin de sancionar a los oficiales de la Fuerza Pública que atentando elementales principios de respeto a los derechos humanos de los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, los reprimió de forma brutal. “ Existen imágenes difundidas por los medios de comunicación en las cuales se observa la agresión a un estudiante hasta hacerle desangrar” señaló el asambleísta al tiempo de insistir que éstas medidas violentan de manera flagrante el artículo 66 numeral 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la integridad personal.
Exige se entregue toda la documentación de respaldo del operativo realizado la noche del martes 20 y la madrugada del miércoles 21 de octubre por la Fuerza Pública con el propósito de impedir el paso de los buses de universitarios a la ciudad de Quito.
El ministro Jalkh, a decir del representante por la provincia de Cotopaxi, violentó el artículo 66 numeral 14 de la Constitución el mismo que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. “Necesito y el país necesita conocer bajo que argumentos se ordenó a la Fuerza Pública que se impida el paso de buses ocupados por los estudiantes y docentes universitarios quienes se disponían a partir desde varias ciudades del país como: Guayaquil, Riobamba, Guaranda, Ibarra, Latacunga,etc, con destino a Quito hacia una concentración pacífica de universitarios que públicamente anunciaron esta medida en rechazo a las reformas antidemocráticas que se pretenden introducir en el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior”. Recalco Ulloa.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y particularmente la Asamblea Nacional no puede insistió Francisco Ulloa, permanecer en silencio ante estas claras violaciones no solo a la Constitución sino a los derechos humanos de jóvenes que defienden y exigen una educación de calidad.