viernes, 1 de julio de 2011

El gobierno de Correa y la Ley de Comunicación

I Parte



Todo ese tremendo rollo de intereses políticos que involucra al gobierno, los grandes medios y la sociedad, alrededor de la Ley de Comunicación que está en debate en la Asamblea Nacional, induce a la apatía al común de la gente.

La pregunta es ¿Qué tanto está en juego en medio de tanta disputa? La respuesta es mucho…mucho para cada bando; a decir para el gobierno, para los grandes grupos económicos que controlan los medios informativos privados y para la sociedad y dentro de ella muy especialmente, sectores como la niñez y la juventud.

El régimen de Rafael Correa es un gobierno de transición entre el fracasado neoliberalismo de las privatizaciones y un nuevo tipo de modelo de acumulación de capital, regido por el esquema del neoinstitucionalismo económico, que pone al centro al Estado y reinstitucionaliza el aparataje administrativo. Correa se formó dentro de esta corriente de la economía y si uno se fija atentamente, está aplicando todo su recetario y arsenal a pie juntillas. Esta escuela cuenta entre sus filas a Joseph Stiglitz y Douglas North, como destacados teóricos, los dos fueron funcionarios del FMI y ambos condecorados con sendos premios Nobel.

¿Nos debería decir esto algo? Si y mucho. Hay quienes todavía creen en la verborrea patriotera de Rafael Correa, en su promesa de una revolución profunda, rápida e irreversible…del camino “luminoso hacia una patria nueva”, en lo que ellos dicen será el “socialismo del siglo XXI”. Nada de esto es cierto. Rafael Correa en verdad, no es más que el salvador mesiánico de un sistema en crisis; el capitalismo neoliberal, cruento y salvaje que sumió en la ruina a los más pobres y atizó incluso los enfrentamientos sociales más duros que pudieron tener imprevisibles consecuencias.

Salir del fracasado esquema neoliberal supuso un rompedero de cabeza para los ideólogos del capitalismo, pero al fin lograron dar con la receta; el neoinstitucionalismo económico ideado a la sombra del FMI.

La idea de la que parten es que el mercado es imperfecto, que los agentes económicos concurren a él en desigualdad de condiciones (contrario a la visión de los neoliberales, del mercado perfecto autorregulado) esa desigualdad se llama asimetría de la información, lo que causa un encarecimiento de las transacciones, derivada de las demandas legales posteriores a uno de los agentes por incumplimientos, etc,. Para mitigar esa imperfección es necesario un marco legal regulatorio, transparencia en la información y la presencia de un Estado e instituciones fuertes.

Correa ya ha avanzado respecto de, aparentemente “transparentar” la información desde la institucionalidad oficial. Ha ordenado que los ministerios tengan páginas web en donde se exhiba todo públicamente, existe también el famoso portal de compras públicas, a donde concurren todos los capitalistas, grandes o pequeños, deseosos de hacer transacciones ventajosas y en igualdad de condiciones para todos. Es el paraíso de las transacciones a bajo costo, de la “revolución ciudadana”.

Pero Correa, con su ideología neoinstitucional, constata que existen ciertas condiciones culturales impuestas por la vieja partidocracia a través de los grandes medios de información privados. La sociedad vive esclava de las interpretaciones que los “opinólogos” hacen a diario y que no son más que un puñado. En manos de los grandes medios, la noticia y la información es una mercancía, que es exhibida de manera espectacular e impactante (como un show) para asegurar las sintonías y lectorías de unos ávidos consumidores, que se contentan con solo saber y no comprender lo que está pasando en la sociedad.

Pues bien, Rafael Correa viene a salvarnos de las garras malévolas de los grandes medios que nos tienen atrapados con sus narconovelas y sus informativos de crónica roja. Para ello creó los medios públicos en una primera etapa y a continuación, como es de rigor en el neoinstitucionalismo, era necesario crear un nuevo marco legal que estuviera en sintonía con la Constitución que señala que la información es un bien público, como las carreteras, los hospitales, o los basureros. No un derecho social como plantea la izquierda y el movimiento indígena.

Para regular a los “nefastos” medios privados y educar a la sociedad bajo las nuevas ideas del neoinstitucionalismo, es que es necesaria una Ley de Comunicación. Esto le permitirá al gobierno controlarlos férreamente, limitar al máximo el ejercicio profesional de los periodistas, a quienes se los ha vilipendiado sin miramientos, calificándolos como “sicarios de tinta” y consolidar respaldos ideológicos y clientelares de manera más amplia, logrando el anhelo de los ideólogos del neoinstitucionalismo económico; lograr el cambio cultural.

La asimetría de la información, que es una categoría de la política económica del gobierno, se la aplica al mundo de la comunicación social y con ello se pretende lograr un cambio cultural en la sociedad, que finalmente se adapte dócilmente a los nuevos contenidos que dictará la “revolución ciudadana” que finalmente tendrán supremacía y con ello se habrá consumado un nuevo momento de dominación ideológica y política. Nada diferente a lo que hizo en su momento la partidocracia.


Julio C. Enríquez Cevallos

Quito, 1 de julio 2011