jueves, 29 de marzo de 2012

El eficiente método de la mesocracia autoritaria


Si tan alta es la popularidad y aceptación del gobierno autoritario de
intelectuales y tecnócratas y de su majestad; mediocre, trasnochado y cursi
cantante de tarima y simulador izquierdista...por que gasta tanto en 
convencer a la gente acerca de su eficiencia...en el gasto???

AHORA QUE YA NO ALCANZA LA PLATA DEL PETROLEO...
METAMOSLE MANO A LA NATURALEZA E
INICIEMOS LA NUEVA ERA DE LA MEGA MINERIA A CIELO ABIERTO...

...vaya tarea de estos mesócratas autoritarios...

miércoles, 28 de marzo de 2012

Evaluando las marchas

ACELERAR EL RITMO DE SU MARCHA.


Tomas Rodríguez león

Camaradas de la clase trabajadora.
Proletarios del cuerpo y del espíritu.
Solamente unidos
solamente juntos podremos engalanar el universo,
acelerar el ritmo de su marcha.
 
Vladimir Mayakovski

Una sabia exposición de nuestros  pueblos andinos como un cuento milenario resurge o se repite insistentemente en esta nuestra  historia o  geográfica natural y humana, renace y nace entre montañas, ríos…ríos de gentes… y praderas abiertas, esta, exposición- posición  posible ejercitarla solo en el arte de caminar. En particular nuestros indios  entienden mejor el deambular en la vida comunitaria y en las sendas  solidarias, ellos saben hacer procesos espontáneos y hasta libertarios para dar al traste con el discurso del poder y sus exclusiones seculares, ellos para modificar escenarios de amenaza, multiplican con simbolismo y magia  los nuevos momentos de su  lucha. Así, la predica del mal gobierno con  su racismo despótico, sus palabras necias cargadas de inmorales sentencias: los indios no tienen derecho a buses, los indios son utilizados, no tienen derecho a hoteles, no tienen voz  ni voto en los temas de la tierra, no irritan a nuestros indios ni los exaltan, casi con la ternura vesperal de una tarde campesina, responden decididos a  caminar…porque caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Cuento de siempre, la política  no es nada sin ideología, como la ideología no es nada sin política. Llenos de política deambulan dentro y fuera del poder,  los que nunca fueron militantes, los que hacen de la  política  una sucia intensión de oportunismo  individualista, que no por ser ejercicio de algunos  hace vida colectiva o nada parecido, la falta de ideología es evidente. Por el lado izquierdo  cuestionando el individualismo de la sociedad política imperante, emerge con mucha ideología moral el movimiento indígena, pensando  hacer política con poietica (poesía), por eso la música y la danza como mejor manera de construir respuestas a la indiferencia, al estilo de vida burocrático, al letargo entontecido de la estabilidad,  entonces suena con claridad un  llamado a la vida  y a la convivencia mientras la marcha continua. La  esencia revolucionaria del mito como forma de resistencia vuelve al fuego.

Algunos participantes  hacen  presencia y en la presencia se ponen de manifiesto las diferencias. Dos marchas, solo en la una la muchedumbre activa su conciencia, se comunica, comunica tiene convicciones ¡hay calidad¡  Es la marcha indígena  que asoma con recuentos históricos, acción comunitaria, cantos de la vida y de la militancia, cantos de la conciencia ¡y del sentimiento¡  practica mutualista y ácrata de compartir el pan. De los que  marchan adheridos al poder solo se nota la información de la ilusión vendida (en el mejor de los casos) en otros episodios es motivación justa la preservación del puesto del trabajo, la oportunidad de tenerlo o una creencia tenue de que es posible y mejor cambiar  algo antes que nada, están también los que marchan o marchan de sus puestos por que el burócrata al mando de su feudo preserva su poder usando a la gente como bandera de gracia ante el poder.

Valido es recordar que el condicionante de toda marcha para su definición, es que siempre será revolucionario estar contra el poder y conservador defenderlo (sobre todo cuando  ya no hay nada que defender) Las masas contra el estado opresor y sus actores revelan un estado de conciencia. Al estado, que siempre es reaccionario, porque nunca  existe estado revolucionario, le basta una masa de asistentes, de fanáticos, una hinchada. Ahí radica  la diferencia entre masa en si y masa para si….Las  banderas verdes prevalecen y eso es bueno, sus portadores saben que las otras ya estorban y  la pocas rojas o  negras que ennegrecen la conciencia ya renunciaron a la utopía y a la vida. Manos de traidores no podrán sostener por mucho tiempo esas banderas, un día temprano las pintaran de verde.

Los  principios de solidaridad y comunitarismo, los principios del comunismo y el comunalismo, están vigentes en todas las edades, como esta vivo el sueño insumiso en   la marcha que es MINGA,  MINGA que es marcha y en esta minga se van incluyendo en torrente humana, los obreros, los jóvenes, las victimas de la persecución haciendo de este un escenario político ideológico una propuesta revolucionaria con sello de clase y de ¡clase¡

El trabajo colectivo comunitario de caminantes llega a Quito con  una vaca simbólica porque ….las penas y las vaquitas por la misma senda… se juntan los símbolos, la bandera y la voluntad, continúan como diciéndonos a todos, que  la realidad cotidiana no es nada sin  los referentes eternos; el agua, los ríos, las montañas, la verde tierra de este nuestro paraíso. ¿Porque no pensar como piensan los indios que el verde y azulado Ecuador debería ser protegido por la humanidad entera?  ¿Por qué no pensar en el desarrollo bueno con   estrategias de sobrevivencia sin ser fuente  de desastres?  No están solo nuestros indios, ya llegan a su lado los maestros, los obreros, los intelectuales orgánicos y están con ellos sus hermanos; Los Wiwa y los U´wa en Colombia, los Mapuches en Chile, los Indígenas de Chiapas de México, los Ashaninka en Perú, los Yanomami en Brasil, los Aymara en Bolivia.  La solidaridad comunitaria nos llama a disparar contra la  indiferencia, con la diferencia. UNA PROPUESTA UNIVERSAL.

P. D.  En la conducta del poder pretérito y presente se dan fraternidades, Bucaram, Mahuad, Lucio brillaron por la ausencia y el silencio  y Correa sintió…sintió el frio tenebroso de los golpes parecidos…hay golpes en la vida yo lo se….

domingo, 25 de marzo de 2012

22-M: Una marcha revolucionaria se enfrenta a una marcha contrarevolucionaria

La Marcha de los movimientos sociales y la Contramarcha del oficialismo se dieron cita de poder a poder el pasado 22 de marzo en la ciudad de Quito


La historia reciente de este acontecimiento comienza el pasado 15 de enero del presente año. Unas 2000 personas movilizadas desde diversas partes del país, representantes de diversas organizaciones sociales y políticas, acordaban en Yanzatza, realizar la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos. Su punto de partida sería el cantón El Pargui en Zamora Chinchipe, zona que será afectada por la explotación de la minería a cielo abierto. Su partida estaba prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El arranque de la marcha se dio tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el gobierno y la transnacional ECSA (Ecuacorriente SA) [1]de propiedad china.

Más de setecientos kilómetros recorrió la marcha, atravesando parroquias y capitales provinciales donde recibió distintas muestras de solidaridad e incorporaciones a la movilización. Junto a la CONAIE se movilizaron desde El Pangui representantes de la ECUARUNARI – Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, del Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, UNAPE, JRE y UCAE) y de la Asamblea de los Pueblos del Sur.

El 21 de marzo la marcha llegaba al sur de Quito. Unos 2.500 marchantes dormían en Guamaní [2], estando la mayoría de ellos enfermos y muy cansados. Habían combinado durante 14 días tramos en vehículos con largas caminatas, durmiendo en pabellones deportivos, colegios y espacios públicos.

A la mañana siguiente, el 22-M, partían desde el sur del sur de Quito hacia el centro de la capital. Seis horas más de marcha. En esta ocasión, marcharon acompañados por miles de manifestantes que se juntaban en distintos tramos del recorrido para participar en la movilización indígena y popular.

Liderando la marcha se encontraba la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) con su presidente Humberto Cholango a la cabeza. A su lado, otros dirigentes indígenas pertenecientes a las diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre ellos el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y otros tantos dirigentes sociales provenientes de barrios, sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Detrás, desfilaban líderes y militantes de las diversas organizaciones políticas de izquierda, que conforman la Coordinadora Plurinacional [3].

Las banderas rojas se combinaban con el multicolor indígena, estandartes con el rostro del Che con pancartas contra la megamineria. De igual manera, organizaciones de mujeres caminaban junto a jóvenes estudiantes, partidos políticos al lado de organizaciones profesionales, o sectores libertarios se movilizaban conjuntamente a organizaciones de corte marxistas y sindicatos obreros. Las imágenes de la marcha, reproducida por múltiples medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, dieron muestra de la variopinta amalgama de organizaciones sociales que las conformaron.

Por otro lado, las movilizaciones oficialistas concebidas como contramarchas contra una supuesta movilización desestabilizadora al gobierno, se congregaron en cuatro espacios físicos diferentes: Plaza de San Francisco, Plaza de la Independencia, Plaza Sto. Domingo y parque El Arbolito. Las posiciones habían sido tomadas incluso días antes con grupos militantes de Alianza PAIS y algunas organizaciones afines.

El presidente Correa visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando mítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendo sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet.

El discurso presidencial se articuló en base a los siguientes puntos: la marcha de los movimientos sociales tiene un carácter desestabilizador y esta fomentada por golpistas, existe una alianza entre la izquierda y la derecha para derrocar al gobierno, tiene un fin electoral y el resultado de la movilización social resultó un fracaso.

El mandatario ecuatoriano volvió a utilizar la retórica empleada durante la campaña de la Consulta/Referéndum Popular del pasado 7 de mayo, planteando nuevamente el “confíen en mí”, a la par que indicaba que este es el gobierno que ha defendido entre otras cosas el agua en el Ecuador.

Según los cálculos realizados por diversos observadores y profesionales de los medios se estima que la contramarcha oficialista congregó un número más o menos similar a los movilizados por los movimientos sociales, incluso hay quienes calculan que fue inferior, a pesar de las declaraciones del presidente Correa que hacía alusión a un supuesto “10 a 1” a favor del gobierno o los datos emitidos por la ministra de la Política, Betty Tola, donde se habla de 60.000 partidarios del correísmo. Sin duda, las expectativas oficialistas fallaron de largo aunque en su discurso este hecho no quiso reconocerse.

Sin embargo, más allá del empate técnico en la cuestión numérica, las diferencias entre ambas movilizaciones fueron notables en diversos aspectos:

- En primer lugar la movilización social duró 15 días, es decir, desde que salió de El Pangui hasta su llegada a Quito. El oficialismo movilizó –en buses pagados por el Estado- el día del inicio de la marcha en Quito y el día de su llegada también en Quito. La estrategia de generar contramarchas en cada una de las diferentes localidades por las que avanzó la marcha tuvo que ser abandonada debido a la escasez de asistentes y la notable desigualdad numérica entre las convocatorias gubernamentales y las muestras de simpatía y solidaridad que se dieron localidad tras localidad por la que atravesó el recorrido de la marcha. El oficialismo desorientado fue cambiando de estrategia varias veces durante la caminata.

- Mientras la movilización de las organizaciones sociales sufrió varios obstáculos para su realización (negación de los salvoconductos oficiales para circular los buses, controles policiales, infiltración de miembros de la fuerza pública, boicots de autoridades locales afines al gobierno y una fuerte propaganda de desprestigio por parte de los medios públicos o controlados por el gobierno); la oficialista contó con todas las bondades que permiten ser auspiciadas por el Estado.

- Los participantes de una y otra movilización eran claramente diferentes. Mientras el oficialismo movilizaba voluntariamente o no, a funcionarios públicos, juntas parroquiales y organizaciones dependientes del Ministerio Coordinador de la Política, sobre todo provenientes de fuera de Quito; la Marcha por la Vida se nutría de indígenas, sectores sociales y sindicatos que han ido rompiendo vínculos con el correísmo.

- Por último, mientras las marchas de los movimientos sociales mostraban iniciativa política, las contramarchas oficialistas fueron claramente reactivas. A esto hay que añadir el enorme error estratégico por parte del Gobierno, el cual se encerró en el centro de Quito (casco histórico de la ciudad), mientras que la movilización social recorrió barrios populares del sur y centro de la capital, ganándose la simpatía de gran parte de la población. Miles de vecinos aplaudían la movilización social a su paso, entregando fruta, agua e incluso chicha a los movilizados.

En resumen, si ambas movilizaciones se miden desde las enormes diferencias respecto a los medios existentes entre poder y contrapoder, se podría sentenciar que los resultados del oficialismo fueron un rotundo fracaso dada la desigualdad entre los contradictores.

La Marcha por la Vida había ganado la disputa con el gobierno días antes de llegar a Quito

Si bien las reivindicaciones sociales suman 19 puntos, los cuales incluyen temas tan diversos como la oposición a la ampliación de la frontera petrolera, incluyendo la defensa del ITT, la exigencia de reforma agraria, el respeto a los derechos laborales, el rechazo a la firma de acuerdos de libre comercio, el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o el cuestionamiento a la criminalización social entre otros; el elemento que originó la movilización social fue la defensa del agua y el cuestionamiento a la megaminería.

Las movilizaciones sociales, que se reprodujeron durante el recorrido de la Marcha en diversos puntos del país, hicieron de la cuestión del agua y su afectación por la minería a gran escala un debate social que tomó envergadura nacional desde antes que la movilización llegara a Quito. Recordemos que un grupo de mujeres activistas fue violentamente desalojada y encarcelada por entrar a la Embajada china a entregar una carta en contra de la megaminería el día 8 de marzo. La posición autoritaria del presidente Correa, convertido en el mayor defensor de la megaminería y sin apertura al dialogo con los futuros damnificados, facilitó esta circunstancia.

En Ecuador no es necesaria la propaganda que habitualmente desarrollan las grandes transnacionales mineras en los países donde operan, es el presidente de la República quien personalmente se ha erigido en el principal portavoz de las bondades que ofrecen las grandes multinacionales extractivas (petroleras y mineras fundamentalmente) de capital extranjero.

El hecho de que una movilización de estas características generase las simpatías nacionales que se dieron durante los diferentes días de caminata previa la llegada a Quito, todo ello frente al hobbeliano aparato de comunicación estatal que día tras día cargaba contra una marcha supuestamente golpista y financiada por la ultra-derecha y un presidente de la República que insultaba a los marchantes referenciándolos como unos cuantos con “plumas y ponchos”, funcionó como un boomerang contra el discurso oficial. La ciudadanía ecuatoriana mostró su simpatía por los más débiles, rechazando en gran medida la retórica presidencial y reclamando el derecho a la protesta y la resistencia [4].

Dicha situación se evidenció en la movilización que tuvo lugar en Cuenca el 10 de marzo, cuando aproximadamente 30.000 manifestantes se movilizaron por la defensa del agua y mostraron sus simpatías con la Marcha por la Vida. Las contramarchas del oficialismo con miembros del ejecutivo desplazados al territorio, en dicha ciudad, otrora bastión del correísmo, no superaban los 2.000 asistentes. Ese mismo día llegaba la Marcha a la localidad de Saraguro, al sur.

Ante esta circunstancia, el gobierno desplegó una gran campaña en todo el territorio nacional, cuya estrategia consistía en que más allá de promocionar las obras locales y otros logros del correísmo, se intentó visibilizar un supuesto apoyo indígena al gobierno y en especial al primer mandatario. Para ello se acentuaron las alianzas que desde el Ministerio Coordinador de la Política ya se venían trazando con dirigentes altamente cuestionados en el mundo indígena, entre los que destacan casos como Miguel Lluco [5] en Chimborazo o Antonio Vargas [6] en Pastaza. Este tipo de maniobras generó un mayor rechazo en gran parte de comunidades y organizaciones indígenas.

Dos días antes de las movilizaciones en Quito las organizaciones de la Red Agraria (no alineada a la CONAIE) y que podrían ser definidas como la base indígena y campesina del correísmo, presentaban en la Asamblea Nacional 41.000 firmas respaldando su propuesta de Ley de Tierras [7]. Allá expresaron su decepción con el gobierno y lo que el oficialismo llama “revolución agraria”. El 22 de marzo, aunque de bajo perfil, Luis Andrango presidente de la FENOCIN [8] participaba en la marcha de los movimientos sociales en Quito.

Por último, cabe destacar que según la marcha llegaba a Quito el gobierno se veía forzado a hacer consecutivas concesiones en el campo de la política laboral y económica: subida de salarios retroactiva a maestros, de igual manera con el Ejército, paralización de la medida ya acortada de aumento de un 25% en los pasajes de viajes interprovinciales, entre otras.
La marcha ya antes de llegar a Quito era una victoria social.

Escenarios y reflexiones de cara al futuro

El debilitamiento del gobierno se plasma día a día. Ya no son creíbles para gran parte del país las encuestas contratadas por el Ejecutivo donde le dan el 80% de apoyo al presidente Correa. El hecho de que en la mañana del 23 de marzo el presidente Correa ocupara una hora completa de programación televisiva en Gamanoticias (canal gubernamental) de la mano de un mediocre periodista[9] hoy al servicio del régimen y con anterioridad funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, es una prueba más de que el oficialismo no salió triunfante el 22 de marzo. El presidente Correa, al igual que el resto de sus ministros, que ocuparon espacios mediáticos en la mañana del 23-M, mantuvieron torpemente la tesis de que la movilización social había sido un fracaso y su asistencia “paupérrima”.

Lamentablemente para el discurso oficial, las imágenes televisivas y el hecho de que gran parte de la población de Quito fuera testigo de la movilización hacen insostenible el argumento gubernamental.

Por su parte, las organizaciones sociales y partidos de la izquierda retoman la iniciativa política, la cual habían perdido incluso antes de la llegada de Rafael Correa al despacho presidencial. Además, han dejado, al menos coyunturalmente, fuera del tablero político a la derecha, la cual por todos los medios intentó involucrarse en la marcha y no fue aceptada en ningún momento por sus convocantes.

Asambleístas conservadores como César Montufar y organizaciones políticas como el Partido Sociedad Patriótica intentaron en reiteradas ocasiones implicarse en la movilización, cosa que la CONAIE y el resto de organizaciones involucradas nunca lo permitió. Durante los quince días de movilización la única acción política implementada desde los partidos políticos conservadores fue instalar un patético monumento en memoria del ex presidente León Febres Cordero [10].

El conflicto político en este momento se define en el ámbito de la izquierda social y política del Ecuador. Por un lado una caricatura de “revolución” auspiciada por un gobierno de perfil socialdemócrata con muchísimas contradicciones en su política económica, laboral e internacional; frente a una oposición a su izquierda que comienza a mostrar capacidad de movilización, agenda común y principios de entendimiento.

El presidente Correa le quedan dos caminos que tomar. Debe optar por girar a la izquierda y demostrar mayor capacidad de consenso con las comunidades afectadas por su política extractivista y neodesarrollista, a la par que con movimientos sociales y las organizaciones a su izquierda; o terminar de dar el giro conservador cada vez más evidente en el cotidiano del ejecutivo, consolidando y estableciendo nuevas alianzas con sectores empresariales y organizaciones políticas a su derecha.

El desgaste gubernamental, agudizado por un fuerte desprestigio internacional tras la sentencia contra el diario El Universo, sumado al caso de la “narcovalija” que ruboriza de igual manera al interior como al exterior del país, así como el descontento popular por la subida de los precios en productos básicos, mientras sectores empresariales rinden beneficios insólitos en un momento de crisis internacional, no permite demasiado margen de maniobra a un gobierno que está a 10 meses de una nueva contienda electoral.

En Ecuador, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB del país; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores, intermediarios financieros y sector comercial; las utilidades de los grupos económicos del país creció entre 2006-2009 un 54% más que en el periodo inmediatamente anterior (previo a la llegada de Correa a la presidencia) y la banca ganó solo en el pasado año un 51% más con respecto al anterior.

En el caso del mundo indígena, principal protagonista de la marcha del 22 de marzo, el Índice de Pobreza por Ingresos se cuantifica en 59,4 % al cierre del ejercicio 2011 y la tasa de analfabetismo en el 20,4 % (datos INEC, Censo de población, 2010).

Respecto a la tenencia de las tierras, el Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra, el índice Gini [11] sobre la tierra es de 0.81, y la acción gubernamental ha sido prácticamente nula durante estos algo más de cinco años de gobierno correísta; es más, Correa se ha pronunciado una y otra vez en contra de la reforma agraria. La condición de inequidad es tan aguda que el 50% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) están por debajo de una extensión que no permite reproducción plena de los campesinos y campesinas [12].

La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego. Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil.

Volviendo a los escenarios posibles, si bien primero de ellos es el deseado por las organizaciones sociales convocantes de la marcha, la aptitud gubernamental aparece como muy alejada de esa posibilidad, negándose el diálogo con las organizaciones sociales en lucha y los partidos políticos a la izquierda del régimen. Sin embargo, respecto al segundo escenario, ya aparecen elementos que han de ser valorados de manera adecuada: la amnistía a Alberto Dahik [13], la cual fue propugnada personalmente por el propio presidente Correa, tal como sucedió con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano [14] durante la Asamblea Constituyente; la incorporación a Alianza PAIS de autoridades locales provenientes de la partidocracia conservadora; la cada vez más probable firma de un TLC con la UE, que propiciará alguna dimisión notable en el aparato de la Cancillería ecuatoriana; así como algunos hechos sorprendentes en el estricto escenario electoral que podrían responder a acciones tácticas gubernamentales.

Respecto a lo último son destacables dos circunstancias novedosas. Por un lado, el banquero Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO, a quien se le consideraba como un potencial candidato opositor de la derecha en la contienda electoral contra el gobierno, ha bajado prácticamente a cero su aparición pública mientras su entidad bancaria, el Banco de Guayaquil, con el Banco del Barrio; este banco sigue siendo una de las herramientas fundamentales para la distribución del Bono al Desarrollo Humano y otras subvenciones dadas por el Estado a sectores populares. Por otro lado la fusión de Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, quienes han manifestado hace apenas unos días su voluntad de presentar un candidato presidencial propio, ignorando la posibilidad de unificar una candidatura común entre las organizaciones del conservadurismo ecuatoriano.

Los movimientos que se han podido visibilizar por parte del gobierno están consistiendo en censurar a las organizaciones convocantes de la marcha o los partidos y autoridades locales que de una u otra forma la han apoyado. Este es el caso de la retórica sumamente agresiva utilizada por el presidente Correa contra el Movimiento Popular Democrático (MPD), organización de perfil marxista leninista que apoyó la movilización social, o las diferentes acciones emprendidas contra la Prefectura del Azuay, institución a la cual se le han eliminado varias competencias delegadas (se le niegan las licencias comerciales a la empresa de lácteos propiciada desde la prefectura o se le retiran las competencias ambientales y viales entre otras acciones de carácter punitivo).

En estas condiciones, queda en manos de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la responsabilidad de generar una agenda común de mínimos que tenga como punto de partida el mandato plurinacional de los 19 puntos reivindicados por la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se sustenta en los principios constitucionales de Montecristi. Es desde esa plataforma reivindicativa y la coherencia política, el lugar del cual debe articularse una coordinación de luchas comunes, abierta a nuevas incorporaciones, en donde los protagonismos y ambiciones electorales queden en un segundo plano.

No hay duda, el 22-M marcha un nuevo tiempo político en Ecuador.

Notas:

[1] ECSA, propiedad de dos compañías chinas, iniciará operaciones en una gran mina a cielo abierto en la provincia de Zamora Chinchipe. Ecuacorriente es propiedad de China RailwayConstructionCorporation, la cuarta mayor constructora del mundo, y de TonglingNonferrousMetalsGroup Holding, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Sus directivos ha hecho público que la mina “Mirador” tendrá dos kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad y de ella se extraerán 60.000 toneladas de material al día. La compañía exportará el concentrado de mineral, que en un 85% será de cobre y el resto de oro y plata. Con la firma del contrato entre el Estado y Ecuacorriente se abrió la puerta a la primera explotación minera a gran escala en la historia de Ecuador.
[2] Parroquia urbana ubicada en el sur del Distrito Metropolitano de Quito.
[3] La Coordinadora Plurinacional es un frente común conformado por organizaciones de perfil político a la izquierda del correísmo: Pachatukit, Movimiento Popular Democrático, Participación, la Corriente Revolucionaria Socialista del Partido Socialista y Montecristi Vive.
[4] La vigente Constitución de Montecristi reconoce en su artículo 98 el derecho a la resistencia de una manera amplia y generosa, abarcando a todos los derechos: los que están taxativamente puntualizados y los denominados derechos implícitos que derivan de la dignidad del ser humano.
[5] Lluco apareció como representante en el 2005 del fideicomiso Progreso Recapitalization Trust, donde el banquero Fernando Azpiazu puso las empresas eléctricas Emelec y Electroecuador. Azpiazu conoció la cárcel por defraudar al fisco.
[6] Vargas fue presidente de la CONAIE y ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antonio Vargas es considerado como uno de los responsables principales del pasado descalabro direccional de la CONAIE.
[7] El pasado 12 de octubre, organizaciones campesinas afines al Gobierno, junto con la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa), presentaron en la Asamblea un anteproyecto de Ley de Tierras, que limita su tenencia en manos privadas: 200 hectáreas en la Sierra y 500 en Costa y Amazonía. El argumento central es la injusta distribución de la tierra que existe en el país.
[8] FENOCIN es junto a la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, las dos organizaciones más importantes numéricamente de la Red Agraria.
[9] Carlos Ochoa fue asesor de la actual ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, cuando ejerció como ministra de Turismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Gran parte de profesionales de los medios ecuatorianos consideran que su responsabilidad actual como jefe de noticieros de Gamavisión responde a su relación con Doris Soliz y a los pactos políticos al interior del gobierno entre esta y los hermanos Alvarado. De hecho Ochoa era extremadamente crítico respecto a la candidatura de Correa durante las elecciones presidenciales del 2006, cuando ejercía como corresponsal en Cuenca de los “medios de comunicación corruptos”.
[10] La Comisión de la Verdad en Ecuador levantó 310 casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno del socialcristiano Febres Cordero.
[11] El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad. Cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor desigualdad (1 = una persona tiene toda la tierra, los demás no tienen tierra).
[12] Atlas tenencia de la tierra en el Ecuador. SIPAE, 2011.
[13] Dahik fue vicepresediente en el gobiernod e Sixto Durán Ballén. Es considerado el padre del neoliberalismo ecuatoriano. Y estuvo prófugo por corrupto, por el mal uso de los fondos reservados del Estado.
[14] Noboa Bejarano fue responsable de uno de los manejos más dolosos de la deuda externa, duramente criticada por Correa cuando aún no era presidente de la república.

Blog del autor: http://vamosacambiarelmundo.org/2012/03/22-m-una-marcha-revolucionaria-versus-una-contramarcha-contrarevolucionaria/

viernes, 16 de marzo de 2012

Pliego de exigencias de la marcha hacia Quito

Marcha Plurinacional por el Agua, 
por la Vida y por la Dignidad de los Pueblos



1.    Exigimos la plena vigencia de la Constitución y la derogatoria de leyes, normas y reglamentos inconstitucionales.

2.    No a la minería a gran escala. Cumplimiento del Mandato Constituyente n°6 (Minero). Exigencia a la Corte Constitucional para que resuelva la acción de incumplimiento de dicho mandato. Derogatoria de la Ley Minera por ser inconstitucional. Nulidad del contrato de explotación minera firmado el día 5 de marzo entre el gobierno nacional y la empresa ECSA Ecuacorriente. Presentación del informe de contraloría de este proyecto.

3.    No ampliación de la frontera petrolera. Suspensión de la Décima y Decimoprimera Ronda Petrolera. Respeto a la autodeterminación de los pueblos libres (en aislamiento voluntario) y cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Suspensión de las operaciones en el bloque 31 y plena garantía de intangibilidad del ITT. Suspensión inmediata de la construcción del proyecto Poleoducto Pascuales – Cuenca. 

4.    No a los mega proyectos hidroeléctricos y multipropósito, que generan enormes impactos sociales y ambientales, sin resolver los problemas de fondo; donde el financiamiento vía créditos chinos exigen que las mismas empresas chinas sean las contratistas. Suspensión inmediata y fiscalización de la construcción del Proyecto Multipropósito Chone.

5.    Aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir, que contemple el respeto a la prelación de las funciones del agua, la garantía del derecho humano al agua a través del establecimiento de un mínimo vital y gratuito, la creación del Fondo del Agua; la prohibición de los servicios ambientales; no a la contaminación y vertidos; la generación de instrumentos para la desprivatización del agua y su redistribución; y que respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua con la participación de comunidades y organizaciones; y que se cree el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Ejecución inmediata del mandato de la vigesimoséptima transitoria constitucional para la auditoria del agua.

6.    Aprobación de la Ley de Tierras y Territorios, que contemple la construcción de un modelo agrario para la soberanía alimentaria basado en la producción campesina, de pueblos y nacionalidades, que promueva la propiedad comunitaria y asociativa, que sancione al latifundio y la concentración de la tierra, y exija el cumplimiento de su función social y ambiental; que redistribuya la tierra a los campesinos sin tierra, priorizando a mujeres y jóvenes, y contribuya a reconstituir los territorios despojados; que implemente un programa de fomento agropecuario para la soberanía alimentaria garantizando el acceso a tecnología e industria rural, que establezca precios de sustentación y combata el monopolio de la comercialización de alimentos, fortaleciendo el intercambio y las empresas asociativas y comunitarias de acopio, procesamiento y comercialización; y que cree el Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario para democratizar las políticas públicas del agro. 

7.    No firma de acuerdos de libre comercio. Suspensión inmediata de las negociaciones de TLC con la Unión Europea.

8.    Protección efectiva de las economías populares y campesinas frente a los impuestos. Reforma del COOTAD. Derogatoria del art. 515 y eliminación del areteo del ganado. Derogatoria de la Ley de los Impuestos Verdes; Reforma de la Ley de Equidad Tributaria y otras que gravan las economías populares y campesinas; y restablecimiento de los impuestos progresivos que graven a las grandes economías. 

9.    Reconocimiento del transporte comunitario. Reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

10.        Protección y fortalecimiento del IESS. Exigir el pago de la deuda que el Estado mantiene con el IESS, además del equipamiento, rehabilitación y dotación de medicinas suficientes en todas las provincias del país, conforme a los requerimientos de sus afiliados. Aprobación del régimen especial para la seguridad social del trabajador autónomo. Jubilación de la mujer a los 25 años. Seguridad social amas de casa. Aprobación del proyecto de Reforma de la Ley de Seguridad Social (Art. Seguro Social Campesino) presentado por FEUNASSC. 

11.        Respeto a los derechos laborales. Exigir la garantía a la estabilidad laboral, libre organización sindical y derecho a la contratación colectiva; y la real eliminación de la tercerización y de las formas de flexibilización laboral. Derogatoria del decreto 813 y reintegro de los trabajadores y trabajadoras separados a través de las renuncias obligatorias (despidos intempestivos). Aprobación de la Ley de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos. Derogatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público. Aprobación del nuevo Código Laboral demandado por las centrales sindicales.

12.        Respeto y garantía del derecho a la educación. Derogatoria del bachillerato general unificado (BGU) y del sistema nacional de nivelación y admisión (SNNA). Implementación de ciclo básico común con una alternativa que respete el libre ingreso a la universidad. Reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior planteado por la FEUE para la plena vigencia del derecho al libre ingreso a las universidades, la autonomía, la libertad de cátedra y co-gobierno universitario. Garantía de un presupuesto digno para la educación pública. Reconocimiento del pasaje estudiantil. Creación de la Universidad Estatal de Cañar. Aprobación del proyecto de Ley de Reforma a la Ley de Educación Intercultural presentado por el magisterio, y restablecimiento de la gestión de la DINEIB y DIPEIBs a los pueblos y nacionalidades. Defensa de los derechos de las madres comunitarias, maestros y maestras a una jornada laboral pedagógica. 

13.        Respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual. Abolición de la penalización de los derechos sexuales y reproductivos y la inmediata tipificación del feminicidio. Adopción de medidas legislativas y políticas públicas necesarias para garantizar la plena garantía de la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de mujeres y hombres y una institucionalidad de género paritaria, para la consecución de una vida libre de violencias y el acceso a las justicias con igualdad de condiciones. 

14.        Democratización de la comunicación. Construcción democrática de una nueva ley que garantice la libertad de pensamiento, información, comunicación y cultura, de manera plurinacional e intercultural. Que garantice los principios fundamentales de la democratización real y la distribución equitativa de las frecuencias: 33% medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios (organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, respetando su derecho propio); el ejercicio universal de la comunicación sin necesidad de un título profesional para los comunicadores populares y comunitarios; y el respeto al ejercicio profesional del periodismo. Que garantice a su vez la libertad de información y opinión que circulan en las redes sociales, el acceso universal al internet, la protección del derecho a la verdad, a la reserva de la fuente, al secreto profesional y el derecho a la opinión no penalizada. 

15.        No a la criminalización de la protesta social. Amnistía general a los procesados en las instancias judiciales, archivo de las causas y libertad inmediata de los detenidos políticos. Eliminación de los tipos penales que criminalizan la protesta social. 

16.        Cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y pre - legislativa. Aprobación de la Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, respetando lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de NNUU sobre Pueblos Indígenas. 

17.        Respeto a las funciones jurisdiccionales de la administración de justicia indígena y pleno respeto de los gobiernos comunitarios de pueblos y nacionalidades.

18.        Inmediata restitución de las instituciones indígenas: DINEIB, Salud Intercultural, Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades y Fondo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, garantizando su autonomía.

19.        Cese inmediato a los intentos de división y cooptación de ciertos dirigentes de pueblos y nacionalidades, y movimientos sociales, por parte del gobierno. No a la agresión verbal, psíquica, y física a los miembros de las comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales.

14 de marzo de 2012

 CONAIE-Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ECUARUNARI - Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Frente Popular (UNE FEUE FESE CUBE CUCOMITAE UGTE CONFEMEC UNAPE JRE UCAE), Asamblea de los Pueblos del Sur.

lunes, 12 de marzo de 2012

Gota a gota se va conformando un torrente


Mientras los indígenas critican las explotaciones a gran escala, el gobierno desarticula el mandato minero

12-03-2012

 Los pueblos ancestrales y los sectores populares organizados se manifiestan frontalmente
en contra del inicio de lo que será la nueva era de la mega minería a cielo abierto
por parte del gobierno de Rafael Correa, en una marcha que recorre el país 
de sur a norte y llegará a Quito para el día mundial del agua.

En Quito, el pasado 5 de marzo, se firmó el contrato para la explotación del Proyecto Mirador entre el gobierno ecuatoriano y ECSA (Ecuacorriente SA) de propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan [1].

Tan ansiado y glorioso día para el gobierno ecuatoriano fue retransmitido en señal abierta de satélite, mientras el presidente Correa aseguraba ante los medios de comunicación que este contrato era un hito histórico para América Latina dado que según sus cuentas, al Ecuador le quedaba un 52% de participación de la renta minera, mientras que Argentina o Perú apenas tienen el 35 y el 33% respectivamente.

Este “evento histórico” para la revolución ciudadana había sido empañado horas antes por ocho mujeres pertenecientes a diversos movimientos sociales que habían ocupado pacíficamente la embajada de China. La reacción gubernamental era previsible, y las ocho activistas fueron golpeadas y llevadas a la Policía Judicial.

¿Qué es el Proyecto Mirador?
El proyecto Mirador es un yacimiento minero que se ubica en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú. La zona es una de las más ricas en biodiversidad del Ecuador, y entre otros hallazgos, se registran 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas [2].

Mirador, uno de los cinco proyectos metálicos “estratégicos” identificados por el gobierno de Correa, recibirá una inversión de 1.830 millones de dólares en desarrollo de la mina y 6.910 millones de dólares en gastos operativos.

La explotación de sus minerales se hará extrayendo la roca a cielo abierto, generando un boquete cuya profundidad será al menos de 250 metros y su diámetro de 1,2 kilómetros, según datos de la misma empresa. Se prevé la extracción de 54.000 toneladas por día de roca, lo que generará un desecho cuantificado en al menos 326 millones de toneladas [3].
La minería industrial moderna no es otra cosa que extraer del subsuelo enormes cantidades de roca, las cuales contienen arsénico, azufre, cadmio, cromo y plomo, entre otros elementos químicos. La generación de ácido ocurre cuando la roca descartada y las colas contienen estos metales que quedan expuestos al agua y al oxígeno. El resultado no es otro que agua tóxica y contaminada, cual causará los daños más serios dentro del abanico de irresponsabilidades ambientales de la industria minera. La condición del Ecuador como país de pluviografía abundante y creciente por efecto del cambio climático, incrementara aun más estos impactos [4].

Cuando el discurso oficial de la transnacionales mineras dice que la tecnología actual les permite desarrollar sus actividades extractivas sin la utilización de productos tóxicos (cianuro y mercurio), discurso oficialmente incorporado por el Estado ecuatoriano, ignora intencionadamente que el principal impacto de la mega minería es el drenaje ácido de mina, el cual produce una contaminación que puede perdurar durante miles de años.

Una visión retrospectiva
Durante el primer año de gobierno de Correa el oficialismo combinó contenidos ambientalistas con una praxis contradictoria. En varias ocasiones el presidente Correa prometió que no daría paso a la explotación de recursos en ecosistemas sensibles y en caso de que no hubiera acuerdo con las comunidades locales, se planteó como mecanismo de resolución la consulta previa.

A la par que se caminaba en los primeros meses de gobierno los conflictos ambientales iban cobrando cada vez mayor importancia. Esta situación desembocó en el operativo represivo militar que se dio en Dayuma (provincia de Orellana) un día después de instaurarse la Asamblea Constituyente. Tras la humillación de la población local por efectivos militares, se encarceló a la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori, la cual una vez liberada revalidó en las urnas su mandato con el apoyo popular de su pueblo.

La Asamblea Constituyente buscó regular la actividad minera bajo nuevos mecanismos jurídicos y de control, para lo cual se estableció el mandato minero. Mientras los indígenas criticaban la minería a gran escala, demandando el fortalecimiento de los mecanismos de consulta previa comprometidos por el gobierno, la mesa de recursos naturales bajo presión gubernamental eliminaba el carácter vinculante de dicha consulta [5].

En noviembre de 2008 la Ley de Minería es presentada en la Comisión Legislativa, mientras la CONAIE asumía el liderazgo de la movilización anti minera en el país. La minería se convertía así en uno de los ejes fundamentales de la agenda política ecuatoriana.

La presión gubernamental hizo que la Comisión de Legislación, compuesta por asambleístas carentes de capacidad de crítica, aprobase la nueva Ley de Minería. Mientras las protestas sociales se multiplicaban, de forma paralela el aparato de propaganda gubernamental ponía su punto de mira sobre el movimiento indígena. A partir de entonces se acuñan las estrategias de desprestigio sobre sus dirigentes: se les llama “ponchos dorados” y se empiezan a fraguar las primeras acusaciones de que están al servicio de intereses extranjeros.

A mediados de marzo de 2009 la CONAIE presenta una demanda de inconstitucionalidad a la Ley, demanda que como era de prever fue rechazada por una Corte Constitucional muy cuestionada por sus vinculaciones al aparato oficialista.

Inmediatamente después aparecía otro elemento de tensión entre indígenas y el gobierno de Correa: la nueva Ley de Uso de Recursos Hídricos, popularmente conocida como la Ley de Aguas.

En esta ocasión y ya escarmentados por las circunstancias anteriores, el movimiento indígena denunció desde el primer momento varias argucias jurídicas que se encontraban en la Ley, a la par que la cuestionaba por no estar acorde con el principio constitucional que prohíbe la privatización del agua. Además dicha Ley abría la posibilidad de que se modificase el orden de prioridad para el uso del agua en base al interés nacional, con lo apuntaba a que las actividades extractivas se sobrepusiesen sobre las prioridades de las comunidades.

La cerrazón gubernamental provocó que en septiembre del 2009 la CONAIE convocaba un levantamiento a nivel nacional. La movilización paralizó la iniciativa gubernamental, era la primera vez que el presidente Correa tenía que rectificar desde su poltrona presidencial, aunque tuvo como costo el fallecimiento del Bosco Wizuma cuando se movilizaba contra la iniciativa gubernamental.

Prepotencia y consecuencias
Aunque fueron anteriores gobiernos neoliberales los que definieron un marco legal e institucional que permitiera la inversión extranjera en el sector minero, es el gobierno de Correa el primero que convierte a la mega minería en una actividad estratégica que marque impronta sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano.

El objetivo es claro, en la medida en que el Ecuador alcanza el pico de Hubbert [6] o cénit de su petróleo, la intencionalidad gubernamental es sustituir un extractivismo por otro.
Así se llega al momento actual: la firma del contrato entre ECSA y el Estado ecuatoriano con una fuerte oposición social, de manera especial en la zona afectada. En menos de sesenta días se firmará el contrato con Kinross para explotar el yacimiento Fruta del Norte, otra nueva fuente de conflictos que se avecina.

Más allá de la resistencia indígena y de los pobladores de la zona, el contrato de ECSA abrió muchas interrogantes entre la población ecuatoriana. Básicamente estas consisten en: ¿Por qué Ecuador, situado en el puesto 120 del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency Internaciotional [7] firma un contrato con la transnacional china sin aclarar las 17 irregularidades que la Contraloría ecuatoriana indica en la concesión?

Efectivamente el gobierno firmó el contrato para la explotación del proyecto Mirador sin resolver las 17 dudas que la Contraloría General tiene sobre la concesión. Los auditores de la Contraloría encontraron desde errores geográficos en la delimitación de la concesión hasta problemas administrativos que involucran a la extractiva y a los ministerios del Ambiente (MAE) y de Recursos no Renovables. Otras observaciones indican que 1.447 hectáreas del área concesionada están dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, sin embargo la empresa tiene a su favor un certificado emitido por el MAE donde se asegura que el proyecto Mirador “no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Otro problema grave es la posible afectación a las fuentes y nacientes de agua: se identificaron 227 fuentes en la concesión. Según la Contraloría, la existencia de estas fuentes de agua es razón para que la concesión se extinguiese.

El 27 de julio de 2010, el MAE aprobaba la auditoría ambiental señalando algunas No Conformidades Menores al cumplimiento del plan de manejo ambiental. La Contraloría no las menciona, pero sí enumera ocho problemas que los técnicos del ministerio no detectaron. Entre ellos: “No se detalló de manera específica las especies existentes en el lugar ni se realizó un monitoreo de la flora y fauna del proyecto”. Tampoco se “realizó el control de la disposición final de los residuos”. [8]

La respuesta presidencial se daba el 10 de diciembre de 2011 cuando el presidente Correa indicaba: “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que se vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio” [9].

Con todos estos ingredientes arrancaba el 8 de marzo la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos desde el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, zona de afectación de la explotación minera. Los movimientos sociales habían convocado de forma paralela movilizaciones en las principales ciudades ecuatorianas.

El oficialismo concentraba sus fuerzas en la capital del país, utilizando el día de la mujer como escusa para que desde los ministerios se convocaran a los seguidores del régimen. Unas veinte mil personas juntó el oficialismo, trayendo a gran parte de los convocados en buses financiados por las gobernaciones y con compromiso de suministro de desayuno, comida y 20 dólares como pago. Bajo el lema de “No pasaran”, el correísmo ponía en uso las mismas practicas desarrolladas por el franquismo para llenar la Plaza de Oriente de Madrid cada 20 de noviembre mientras vivió el dictador. En oposición, movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política convocaban ese mismo día a unas siete mil personas a una manifestación en solidaridad con las reivindicaciones de la Marcha.

El presidente Correa en el mitin central de la movilización oficialista ironizaba sobre la marcha indígena, definiéndola como un fracaso. Allí, el primer mandatario bailó y cantó junto a su canciller Ricardo Patiño, quien se encuentra altamente cuestionado tras el descubrimiento en Italia de 40 kilos de cocaína en la valija diplomática ecuatoriana.

En efecto, la marcha arrancó con tan solo 300 personas en el cantón El Pargui, aunque el apoyo fue multitudinario a su paso por Yanzatza y su llegada a Zamora. Al día siguiente, los marchantes caminaron a Loja y la entrada a la capital sureña fue protagonizada por 2.000 personas. Por último, en el día de ayer eran 2.500 las que llegaban a Saraguro, siendo recibido por un pueblo en fiestas.

De forma paralela, la ciudad de Cuenca, tercera ciudad en número de habitantes del país, protagonizaba una movilización contra la minería a gran escala y en solidaridad con los marchantes que llegarán allá el próximo lunes, alcanzando más de quince mil manifestantes. Las contramanifestaciones oficialistas apenas llegaron a juntar los 2.500 convocados.

Esa misma mañana un desencajado Rafael Correa anunciaba con claro talante xenófobo durante su enlace sabatino que “el 22 nos vemos centenas de miles en Quito, si ellos son 500 nosotros seremos 5.000. No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice ese proceso de cambio”.

Así las cosas, mientras la marcha indígena y las expresiones de solidaridad con esta crecen gota a gota como un torrente, la intolerancia que esta genera desde las estructuras de poder también crecen de forma paralela.

Notas:
[1] El consorcio CRCC-Tongguan es una filial de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd y Railway Construction Corporation Limited, se abrió la puerta a la era de la mega minería en el Ecuador.
[2] Datos extraídos de la revista Tierra Incognita No.36.
[3] Estudio Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador, Ecuacorriente SA – Terrambiente C. Ltda, pag 11.
[4] Sacher, William y Acosta, Alberto. La minería a gran escala en Ecuador. Abya Yala. Quito, 2012. Pag. 77.
[5] Martínez, Mateo. El Cascabel del Gatopardo. FLACSO-Abya Yala. Quito, 2011. Pag. 99.
[6] La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit del petróleo, petróleo pico o agotamiento del petróleo, es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles
[7] Ecuador aparece en el puesto 120 de 182 países clasificados. Su puntuación global es 2’7, más cercana al 1’0 del último país de la lista, Somalia, que al primero, Nueva Zelanda con 9’5.
[9] Cita del president Rafael Correa en la ciudad de Macas, 10 de diciembre de 2011.

Las imágenes muestran los diferentes momentos de la acción decidida de los 
pueblos por detener el avance catastrófico de la megaminería en el Ecuador.
Y muestra también la presencia de una famélica agitación de los movilizados 
por el poder del Estado, con toda la logística del caso, para apoyar la
sustitución de la extracción petrolera por la extracción minera, que algunos
cálculos sitúan su potencial económico en alrededor de 300 mil millones de dólares. Pero a un costo catastrófico incalculable para el entorno natural y para la seguridad 
vital de las nuevas generaciones.