(Extractos) Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera desembocar en un golpe de Estado militar. Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la administración Bush había sobornado recientemente a un grupo de militares para que derrocaran al presidente constitucional de Venezuela (el 12 de abril de 2002) [1] y había utilizado a sus propias fuerzas especiales para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 2004) [2]. Pero los comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública internacional que Estados Unidos había cambiado y que había renunciado a su ambición imperial.
La importancia estratégica de los cinco Estados
de la antigua República Federal de América Central (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de recursos naturales especialmente importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para controlar la zona. Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los «contras» nicaragüenses y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, representaba no tanto un problema en sí como un verdadero peligro de «contaminación». ¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan grande como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos sus esfuerzos propagandísticos?
La presidencia de Manuel Zelaya
Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura política. En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y también sacó a la luz el control de los militares sobre una parte de la economía [4]
Pero lo más importante es que, en junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su intención de destinar al tráfico comercial la base aérea de Soto Cano [5], en la que se encontraba un contingente estadounidense. Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de retroceder, argumentando el costo del equipamiento necesario. Pero el presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la única estación del SouthCom fuera de Estados Unidos [6]. Y, sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia militar estadounidense en la región. Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún acuerdo que precise el estatus de las instalaciones anteriormente mencionadas.
A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen. En realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que el país enfrentaba una gran proliferación de las maras. Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno.
Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes medios para la realización de sus planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Washington financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología de punta que permite escanear todos los contenedores enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.
Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de un millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño, en 1998. 78 000 de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados mediante una simple decisión administrativa.
El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar. Se descubrió incluso que el ex director de la compañía de telefonía pública había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya.
Al estallar en Estados Unidos la crisis de las subprimes y en momentos en que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el presidente Zelaya recurre, lógicamente, a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), organización intergubernamental promovida por Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los Estados miembros y que coordina además la realización de importantes programas de salud pública.
Esa decisión de Zelaya obtiene un fuerte apoyo popular, pero suscita inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de Maduro y por la crisis económica mundial.
El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rinde homenaje al «Guerrillero heroico» Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 000 personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al ALBA, en presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, también está representado en el acto.
Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes.
El golpe de Estado militar
Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en el New York Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para convencerlos [7] de que emprendieran esa acción. Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (o sea, en momentos en que el golpe ya había comenzado).
Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la República, y al jefe de su Estado Mayor. Pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto Cano y Miami [8].
Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M. Fraser, para darle seguimiento al golpe.
En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, al igual que la limpieza del valle de Swat, que el exterminio de los Tigres tamules o la «revolución verde» en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración Bush y posteriormente confirmado y ejecutado por la administración Obama, a pesar de los visos de legalidad que ésta última parecía ofrecer.
La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces una campaña internacional de prensa que presentaba aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato. Lo cual es totalmente falso ya que la elección de la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente Zelaya nunca hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero, claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de querer ser «presidente vitalicio», había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él también.
El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma anticonstitucional. En base a esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la organización de la consulta. El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para «rescatar» las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación. Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas.
La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel Richard A. Juergens. Fue al parecer fue este mismo militar estadounidense quien dirigió el secuestro del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de director de Operaciones Especiales del Special Operations Command.
El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las 5h30 de la mañana (hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares encapuchados [9] asaltaron la residencia del presidente Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados por lo menos 8 ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras). Cuando se restableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado un toque de queda y la anulación de los oficios religiosos dominicales y de la consulta popular.
Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado, el Congreso designó a su propio presidente para ocupar la presidencia de la República. Por su parte, el Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario. El Tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el presidente de la República, el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo había hecho por orden de un juez. Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los Estados miembros del ALBA.
El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean-Bertrand Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia.
La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de Washington. La manipulación de las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadounidenses, es muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la administración Obama.
Notas:
[1] «Opération manquée au Venezuela», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 de mayo de 2002.
[2] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti» y «Paris relâche le président haïtien», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 de enero, 1º y 16 de marzo de 2004.
[3] «L’extension de la Mara Salvatrucha», por Gaston Pardo, Réseau Voltaire, 2 de marzo de 2005.
[4] La democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la región. Estados Unidos garantizó que parte de la economía hondureña quedara bajo su control indirecto, a través de los militares.
[5] La base Soto Cano es la antigua base de Palmerola. Está situada al nordeste de Tegucigalpa, a 747 millas de la capital.
[6] El SouthCom es el comando estratégico de las fuerzas armadas estadounidenses encargado de garantizar el control de Latinoamérica.
[7] «Honduran President Is Ousted in Coup», por Elisabeth Malkin, The New York Times, 29 de junio de 2009.
[8] El SouthCom tiene su sede en Miami, pero dispone además de una estación en Soto Cano y de puestos avanzados en Comalapa (Salvador), Manta (Ecuador) así como en las islas de Aruba y Curazao (Antillas Holandesas).
[9] El uso de pasamontañas o capuchas en este tipo de operación es inútil y contraproducente, a no ser que se trate de enmascarar la participación de consejeros militares extranjeros.
* Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia.
